Para peritar un vehículo, una conocida aseguradora española impone al taller y al asegurado exigencias que no figuran en la póliza: desplazar el vehículo al lugar y a la hora que la compañía decide, esperas y disponibilidad a su conveniencia, y la aportación de requisitos y documentación que nunca se pactaron. El peritaje, que debería ser un trámite ágil, se convierte en una barrera para cobrar una indemnización justa.
Estas exigencias no solo no están recogidas en la póliza: tampoco se contemplan en la Ley de Contrato de Seguro, que no obliga al perjudicado a desplazarse, esperar ni cumplir requisitos adicionales para que se valore su vehículo. Son imposiciones unilaterales de la aseguradora sin cobertura contractual ni legal.
Cada exigencia añadida retrasa la reparación y traslada al perjudicado el coste de un proceso que corresponde gestionar a la compañía. La peritación debe realizarse sin trabas y conforme a la ley, no como un filtro para disuadir al asegurado de reclamar lo que le corresponde.