El reclamante que acude a la Dirección General de Seguros espera una respuesta que, en muchos casos, nunca llega. Las consultas se presentan con la documentación completa, pero quedan sin contestación durante meses, dejando al asegurado en un limbo que agrava su indefensión.
La falta de respuesta no es un defecto menor: convierte la vía administrativa en un trámite estéril y empuja al asegurado a la judicialización, que es exactamente lo que el sistema debería evitar. Un organismo de supervisión que no responde no protege; solo añade una espera más a quien ya ha sufrido bastante.